Desde el pasado 3 de abril, ha entrado en vigor una medida clave en el ámbito judicial: antes de presentar una demanda en asuntos civiles y mercantiles, será obligatorio acreditar que se ha intentado alcanzar un acuerdo extrajudicial. Esta nueva exigencia busca reducir la carga de los tribunales y fomentar la resolución de conflictos a través del diálogo, evitando litigios innecesarios.
¿En qué consiste esta nueva obligación?
La Ley Orgánica 1/2025, de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, establece que, salvo excepciones específicas, cualquier persona o empresa que desee interponer una demanda deberá haber intentado previamente una solución alternativa al conflicto. Para ello, se podrá recurrir a diferentes Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC).
Solo en determinados casos, como litigios relacionados con derechos fundamentales, violencia de género, filiación, concursos de acreedores o medidas cautelares, se podrá acudir directamente a los tribunales sin necesidad de este trámite previo.
Un cambio de mentalidad en la resolución de conflictos
Con esta reforma, se busca un cambio en la cultura judicial, pasando de un modelo basado en el litigio a uno que prioriza el acuerdo y la negociación. Este nuevo enfoque no solo permitirá descongestionar los tribunales, sino que también ofrecerá a los ciudadanos y empresas soluciones más rápidas y eficaces, evitando los elevados costes y tiempos de espera que implica un proceso judicial.
Además, la norma introduce un cambio importante en el sistema de costas procesales. Ahora, los jueces podrán valorar si alguna de las partes se ha negado injustificadamente a alcanzar un acuerdo antes del juicio, lo que podría influir en la decisión sobre quién debe asumir los costes del procedimiento.
Un paso más hacia una justicia más eficiente
Esta medida es solo una parte de una reforma más amplia del sistema judicial. A partir del 1 de julio de 2025, los 3.931 juzgados unipersonales pasarán a organizarse en 431 Tribunales de Instancia, asistidos por Oficinas Judiciales. Con ello, se pretende optimizar la gestión de recursos, mejorar la especialización de los jueces y agilizar la resolución de conflictos.
