Tras la experiencia de estos dos años, hemos podido advertir determinados beneficios que supone para la empresa, más allá de la exención o atenuación de la responsabilidad penal de la persona jurídica, que por otro lado no es poco, entre las que cabe destacar:

En relación con el personal


Este aspecto es fundamental. En la implantación de un plan de prevención se accede a los trabajadores que perciben que su empresa quiere hacer bien las cosas. La implantación conlleva un código ético, un canal de denuncias a través del cual va a poder denunciar todo aquello que entiende que puede no ser correcto y sobre todo, que se le hace partícipe directo de todo ello, con información y formación. En esa relación, se puede percibir también cuando el equipo humano está con la empresa y cuando no, básicamente por su actitud. Solo con un personal receptivo es posible, no ya el crecimiento de una empresa, sino su perdurabilidad en un mercado cada vez más exigente y competitivo. Además, se definen las funciones de cada puesto de trabajo, en aquellas empresas que no lo tienen, lo que contribuye a la optimización de sus recursos humanos y el empleado se siente más implicado cuando sabe cuáles son sus funciones, de quien depende y a quien reporta.

En relación con el funcionamiento de la empresa


Aunque estemos hablando de planes de prevención de delitos, lo cierto es que una buena implantación de estos planes de prevención debería suponer ir hacia el buen gobierno corporativo y un control efectivo sobre el correcto cumplimiento normativo de la totalidad de las áreas de la empresa, administrativa, financiera, laboral, contractual, mercantil, etc. y ello porque es fundamental revisar todos los mecanismos con los que la empresa ya cuenta para ver si están correctamente implantados y por tanto son eficaces. Además de generar un claro valor y una eficiencia económica, tanto los socios como el órgano de administración, implantado el sistema correctamente, duermen mucho más tranquilos.

Pólizas de seguros


Al igual que ocurre cuando uno va a asegurar una vivienda y le preguntan si tiene alarma o no, pues el precio de la prima del seguro será distinto, las aseguradoras valoran y lo harán en mayor medida, el tener o no implantado el “compliance” en la empresa, a la hora de cuantificar el importe de la prima de un seguro de responsabilidad civil del órgano de administración. Parece evidente, como decía recientemente D. Vicente Magro, ex Presidente de la Audiencia Provincial de Alicante, en un artículo publicado en La Ley (2478/2017), “… si, de alguna manera, la aseguradora exige esa obligación que determinará que ante un mayor control se reduzca de forma exponencial la posibilidad de que se cometan hechos delictivos en el seno de la empresa.”

Relaciones contractuales con terceros y administraciones públicas


Iremos viendo cada vez más, como determinadas empresas multinacionales o incluso administraciones públicas, exigirán tener implantados estos planes de prevención para poder trabajar con ellos. El argumento es muy sencillo. Si soy una administración pública y por tanto manejo dinero e intereses ajenos, y más con todo lo que está cayendo, trataré de que con quien contrate, además de que sea capaz de realizar su trabajo o servicio de forma correcta, cumpla al máximo con la legalidad. Sin duda este sello dará un plus de garantía a las partes contratantes y será por tanto un elemento de distinción entre los potenciales clientes e incluso proveedores. Supone una mejora en la reputación de la empresa en el mercado. Incluso las entidades financieras, a la hora de conceder determinadas operaciones de crédito, podrán valorar dicha circunstancia. También supone mejorar la imagen corporativa frente a la Administración Tributaria y Seguridad Social, lo que puede evitar importantes conflictos y costes.

Importancia en los procesos de venta de las empresas


Sin perjuicio de la “due diligence” o revisión que casi con toda seguridad realizará un potencial comprador de la empresa, el tener implantado estos planes de prevención supone un plus en la confianza del comprador, pudiendo afectar incluso en el precio.

Si nos damos cuenta, la práctica totalidad de ventajas reseñadas tienen un impacto positivo y más o menos directo en la cuenta de explotación de la empresa, por lo que el coste de su implantación debe quedar diluido de forma más o menos inmediata. Según un estudio de varias compañías, la implantación del “Corporate compliance” mejora el resultado de explotación en aproximadamente un 0,81%.

Ahora bien, para ello es necesario, además de la voluntad decidida y firme de la propia empresa, o mejor, de su órgano de administración y equipo directivo, realizar un buen trabajo de implantación y huir de los “modelos” o “copia y pega” y que ello tenga un carácter dinámico y permanente, adecuándose a cualquier modificación legal, estructural o a cualquier incidencia que pudiera afectar a la solidez del sistema implantado y por tanto con sus controles periódicos.

Lo que también se ha percibido es que la implantación de estos sistemas tiene las ventajas referidas, sobre todo en empresas a partir de un determinado tamaño y estructura y no en todas, pese a que el Código Penal no haga distinción por tamaño, salvo para la designación del “compliancer officer” que cuando se trata de empresas de pequeñas dimensiones (cuenta de pérdidas y ganancias abreviadas) permite que sea el propio administrador social.

Esta reforma vino para quedarse y por tanto la empresa de un determinado tamaño, con una concreta estructura o ámbito de actuación particular, que quiera crecer y ser competitiva, debe implantar un plan de prevención de delitos a medida, efectivo y dinámico, que no solo cubra el posible riesgo ante la comisión de un delito dentro de su organización, sino que además le permita mejorar tanto en el conocimiento interno de su funcionamiento para tratar de optimizar sus recursos, como su proyección hacia el exterior con una dosis extra reputacional.

 

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