Tras varios días de confusión en la compra venta de viviendas, que ha afectado tanto a compradores como a inmobiliarias, extendiendo incluso los acontecimientos a caídas en bolsa de la banca, finalmente el Tribunal Supremo ha decidido que el impuesto “de las hipotecas” debe pagarlo el cliente, dando marcha atrás al anuncio que hacía unas semanas atrás sobre esta cuestión.

La cita de TS del pasado lunes 5 de noviembre para deliberar la cuestión, se extendía a ayer martes, en un complejo debate entre los magistrados, con dos posturas claramente contrapuestas. Sin embargo, el martes por la tarde se cerraba esta cuestión, 15 votos a favor de que el pago lo siga realizando el cliente, y 13 en cambio apoyando que se mantuviera la postura anunciada el pasado 16 de octubre, para que el impuesto pasara a pagarlo la entidad bancaria.

Las dos posturas contrapuestas, que han erosionado claramente la imagen del alto tribunal ante la opinión pública, era patente desde el inicio de la reunión. Los partidarios del cambio, que propiciaba que, con efecto retroactivo, el impuesto fuera abonado por los bancos, argumentaban que el único interesado en la inscripción con escritura pública de los préstamos hipotecarios es el banco, ya que en caso de impago necesita esta herramienta para poder ejecutar la hipoteca, por tanto debería ser la banca quien proceda al pago de impuesto.

Sin embargo, la otra parte de la sala, la mayoritaria de 15 magistrados, no considera que haya razón jurídica para justificar el cambio de la cuestión actual, que el cliente abone este impuesto, siendo una jurisprudencia consolidada, ya que es como se ha venido haciendo hasta ahora y desde hace más de 20 años; “El sujeto pasivo del impuesto en la constitución de hipotecas es el prestatario”, es decir, el cliente.

Las reacciones de los diferentes sectores afectados no se han hecho esperar. Una amplia mayoría ciudadana, muy molesta con la decisión y apoyada por asociaciones de consumidores, ha venido manifestándose los dos días de reunión del Tribunal Supremo, muchos grupos incluso con presencia ante sus puertas, exigiendo justicia para el comprador. A nivel político ciertos sectores han criticado abiertamente la decisión, e incluso desde algunas comunidades autónomas se lamenta la decisión pues golpea claramente la credibilidad de la justicia.

Algunos profesionales se apoyan precisamente en la controversia existente y el ajustado margen de votos entre las dos posturas, para anunciar el más que posible planteamiento de cuestión prejudicial ante el TJUE e incluso aconsejan seguir reclamando en vía civil. La polémica, sin duda, no acaba aquí.

El supremo dicta que sea el cliente quien pague el impuesto de Actos Jurídicos Documentados, tras un complejo debate y cierto caos jurídico.
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