El Parlamento Europeo ha dado un paso importante en la reducción de la carga administrativa para las empresas al aprobar una propuesta de la Comisión Europea que flexibiliza las obligaciones de informar sobre el impacto ambiental de sus actividades. Con esta medida, se busca aligerar el peso burocrático, reducir costes y mejorar la competitividad de las empresas europeas frente a sus homólogas en China y Estados Unidos.
Un año más para la aplicación de la normativa
La propuesta, conocida como ‘Omníbus’, afecta a varias regulaciones europeas que exigen a las empresas reportar sobre su impacto ambiental y social. En algunos casos, estas normativas incluyen sanciones para aquellas compañías que incumplan sus responsabilidades en materia de derechos humanos y medio ambiente.
Con un respaldo mayoritario de 531 votos a favor, 69 en contra y 17 abstenciones, la Eurocámara ha decidido posponer la aplicación de las nuevas normativas. Así, los Estados miembro tendrán hasta el 26 de julio de 2027 para adaptar estas normativas a sus legislaciones nacionales.
Impacto en grandes empresas y PYMEs
El retraso también beneficia a las grandes empresas con más de 5.000 empleados y una facturación neta superior a 1.500 millones de euros, así como a compañías extracomunitarias que superen este umbral de ingresos. Estas entidades podrán aplicar la nueva normativa a partir de 2028, lo que les otorga más tiempo para prepararse.
Por otro lado, las empresas de menor tamaño también verán aplazadas sus obligaciones de reporte de sostenibilidad. Las grandes empresas con más de 250 empleados estarán obligadas a informar sobre sus medidas ambientales y sociales en 2028, mientras que las pequeñas y medianas empresas que cotizan en bolsa tendrán un año adicional, hasta 2029, para presentar sus informes.
Objetivo: un equilibrio entre sostenibilidad y competitividad
Esta decisión busca encontrar un equilibrio entre la protección del medio ambiente y la necesidad de no sobrecargar a las empresas con requisitos que podrían afectar su competitividad. El Parlamento Europeo considera que, al dar más margen de adaptación a las empresas, se favorece el cumplimiento efectivo de las normativas sin poner en riesgo la viabilidad económica de muchas compañías.
