PASADA LA efervescencia de las elecciones generales, y autonómicas valencianas, una de las preguntas que los ciudadanos de a pie nos deberíamos hacer es si las medidas fiscales que prepara el futuro Gobierno nos va a afectar al bolsillo. Si nos centramos en el partido ganador de ambas elecciones y que previsiblemente va a gobernar, con o sin apoyos, durante los cuatro próximos años, está claro que una de las primeras medidas que tomará es elevar el techo de gasto en el Senado, donde dispondrá de mayoría absoluta. Y como para gastar hay que ingresar, lo que toca es subida de impuestos.

El Gobierno de Pedro Sánchez piensa incrementar la presión fiscal en 26.000 millones entre 2019 y 2022. Pero esto ya lo sabíamos. Ya enseñó la patita con los Presupuestos Generales del Estado que presentó hace un mes y tuvo que retirar por falta de apoyos. Era puro reflejo del Borrador del Plan Presupuestario y nuevo escenario macroeconómico que remitió a finales del 2018 a la Comisión Europea. Dejando al margen los tributos menos conocidos, donde se proponía el incremento de la tributación del diésel, la creación del Impuesto a las Transacciones Financieras, y del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, y centrándonos en aquellos con
los que soñamos todos los días, lo que nos espera es una subida del IRPF en dos y cuatro puntos porcentuales para las rentas superiores a 130.000 y 300.000 euros, respectivamente; y de cuatro puntos, hasta llegar al 27%, para las rentas del capital superiores a 140.000 euros. En cuanto al sempiterno Impuesto sobre el Patrimonio, se propone una subida de un punto porcentual para patrimonios superiores a diez millones de euros.

En lo que se refiere al mundo empresarial, en el Impuesto sobre Sociedades se propone un tipo mínimo del 15%, del 18% para la banca y petroleras, y un gravamen extra para los dividendos, sin entrar en la subida de los pagos fraccionados en un punto, al 24%, para las empresas que facturan más de 10 millones de euros, y seis puntos, también al 24%, para el resto.

Eso sí, también se prevé la reducción del tipo del 25% al 23% para las pymes que facturen menos de un millón de euros. El Programa de Estabilidad 2019-2022 también revela que el próximo Gobierno va a acometer una profunda reforma fiscal en la que se van a revisar las exenciones, deducciones y reducciones tributarias con un coste actual de más de 57 millones de euros.

A nivel autonómico, y obviando la supresión de los impuestos de sucesiones y donaciones, patrimonio, transmisiones patrimoniales e impuestos medioambientales, pretendida por el PP, el PSPV incluye en su programa, con la finalidad de garantizar la continuidad de la empresa familiar, que toda empresa familiar tenga una reducción del 99% del valor de la sociedad en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

No hace mucho, allá en el 2016, el Gobierno valenciano aprobó una subida del Impuesto sobre el Patrimonio, rebajando el mínimo no tributable de 700.000 a 600.000, e incrementando los tipos de gravamen en un 25%; y en el 2017, del Impuesto sobre Sucesiones, rebajando la bonificación en la cuota del Impuesto sobre Sucesiones del 75% al 50%, en determinados supuestos. Ahora recula, aunque parece que únicamente en el caso de empresas que no son de reducida dimensión, es decir, aquellas que facturan por encima de los diez millones de euros. La medida prevé incrementar la reducción del 95% al 99% del valor de las participaciones, en caso de fallecimiento, de todas las empresas valencianas, al margen de su volumen de facturación, circunstancia que hasta la fecha únicamente aplicaban las empresas de reducida dimensión. Esto es lo que se nos avecina.

Carlos Alarcia
Socio del despacho de abogados Adire

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