El pasado día 22 de junio el Consejo Europeo presentó las medidas que se van a implementar en el seno de la Unión Europea, de aquí hasta el 1 de enero de 2020, para combatir de manera más eficiente el creciente fraude fiscal detectado en materia de IVA, unas propuestas que encarnan el ulterior desarrollo de los cuatro principios fundamentales del nuevo y definitivo espacio único del IVA en la UE de octubre de 2017 y del plan de acción sobre el IVA: Hacia un territorio único de aplicación del IVA en la UE, presentado en abril de 2016. Un fraude impositivo, que no solo supone un importante menoscabo a las arcas públicas de los diferentes Estados miembros de la Unión, en concreto los ingresos de la Unión Europea ascendieron a casi un billón de euros en el ejercicio de 2015 lo que equivalió al 7% del PIB de la Unión Europea, sino que además contribuye a la financiación de actividades ilícitas desarrolladas por organizaciones criminales o grupos terroristas.
En concreto, y según los datos facilitados por Vladislav Goranov, ministro de Hacienda de Bulgaria, país que ocupa en este momento la presidencia del Consejo Europeo junto a Estonia y Austria, cada año el fraude fiscal en materia de IVA perpetrado en su inmensa mayoría por grandes empresas e importantes fortunas y la consiguiente pérdida de ingresos tributarios y de recaudación, cifrada por la Comisión Europea entre 150.000 y 160.000 millones de euros anuales, tiene como consecuencia una más que reseñable repercusión negativa en las prestaciones que los Estados miembros deben ofrecer a sus ciudadanos en materia de infraestructuras, sanidad o educación, afectando muy notablemente a la calidad de vida de los mismos.
Pero además, esta actividad fraudulenta en materia de IVA tiene una segunda vertiente que afecta de manera directa a la seguridad de los Estados miembros y de los ciudadanos de la Unión Europea. Por medio de esta actividad delictiva, según señalan los últimos informes en poder de las autoridades europeas, se está procediendo a una sistemática financiación de actividades relacionadas con grupos de delicuencia organizada o terrorismo. Y es que, tal y como se ha encargado de subrayar Pierre Moscovici, comisario de Asuntos Económicos y Financieros, Fiscalidad y Aduanas de la Unión Europea, «Los «papeles del paraíso», han puesto de manifiesto una vez más que algunos pueden beneficiarse de la aplicación laxista de las normas del IVA en la UE para pagar menos IVA que otros sin sufrir las consecuencias. También sabemos que el fraude de IVA puede ser fuente de financiación para los actos delictivos, incluido el terrorismo».
El pasado día 22 de junio el Consejo Europeo presentó las medidas que se van a implementar en el seno de la Unión Europea, de aquí hasta el 1 de enero de 2020, para combatir de manera más eficiente el creciente fraude fiscal detectado en materia de IVA, unas propuestas que encarnan el ulterior desarrollo de los cuatro principios fundamentales del nuevo y definitivo espacio único del IVA en la UE de octubre de 2017 y del plan de acción sobre el IVA: Hacia un territorio único de aplicación del IVA en la UE, presentado en abril de 2016. Un fraude impositivo, que no solo supone un importante menoscabo a las arcas públicas de los diferentes Estados miembros de la Unión, en concreto los ingresos de la Unión Europea ascendieron a casi un billón de euros en el ejercicio de 2015 lo que equivalió al 7% del PIB de la Unión Europea, sino que además contribuye a la financiación de actividades ilícitas desarrolladas por organizaciones criminales o grupos terroristas.
En concreto, y según los datos facilitados por Vladislav Goranov, ministro de Hacienda de Bulgaria, país que ocupa en este momento la presidencia del Consejo Europeo junto a Estonia y Austria, cada año el fraude fiscal en materia de IVA perpetrado en su inmensa mayoría por grandes empresas e importantes fortunas y la consiguiente pérdida de ingresos tributarios y de recaudación, cifrada por la Comisión Europea entre 150.000 y 160.000 millones de euros anuales, tiene como consecuencia una más que reseñable repercusión negativa en las prestaciones que los Estados miembros deben ofrecer a sus ciudadanos en materia de infraestructuras, sanidad o educación, afectando muy notablemente a la calidad de vida de los mismos.
Pero además, esta actividad fraudulenta en materia de IVA tiene una segunda vertiente que afecta de manera directa a la seguridad de los Estados miembros y de los ciudadanos de la Unión Europea. Por medio de esta actividad delictiva, según señalan los últimos informes en poder de las autoridades europeas, se está procediendo a una sistemática financiación de actividades relacionadas con grupos de delicuencia organizada o terrorismo. Y es que, tal y como se ha encargado de subrayar Pierre Moscovici, comisario de Asuntos Económicos y Financieros, Fiscalidad y Aduanas de la Unión Europea, «Los «papeles del paraíso», han puesto de manifiesto una vez más que algunos pueden beneficiarse de la aplicación laxista de las normas del IVA en la UE para pagar menos IVA que otros sin sufrir las consecuencias. También sabemos que el fraude de IVA puede ser fuente de financiación para los actos delictivos, incluido el terrorismo».
