El nuevo Real Decreto 253/2025, publicado el pasado 2 de abril, introduce cambios clave en las obligaciones de información de las empresas y entidades financieras. Estas modificaciones afectan tanto al Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) como al Reglamento General de las Actuaciones y los Procedimientos de Gestión e Inspección Tributaria (RGAT).

Principales cambios en el IRPF: Información sobre guarderías

Una de las novedades más relevantes es la actualización del reglamento del IRPF en relación con la deducción por maternidad. A partir de ahora, las guarderías y centros de educación infantil deberán informar a la Agencia Tributaria sobre la autorización administrativa que les permite ejercer su actividad. Esto garantizará que solo los centros debidamente acreditados puedan figurar en la declaración informativa que da derecho a esta deducción fiscal.

Nuevas obligaciones para los sistemas de pago electrónicos

El decreto también introduce cambios en la regulación de la información sobre sistemas de pago electrónicos. Dado el crecimiento de los pagos digitales y la aparición de nuevos métodos de transacción (como cuentas de pago, tarjetas sin cuenta bancaria asociada o sistemas basados en números de teléfono móvil), la normativa se adapta para mejorar el control y prevención del fraude fiscal.

Entre los cambios más destacados se incluyen:

  • Obligación anual de información sobre pagos electrónicos para las entidades emisoras de tarjetas y sistemas de pago.
  • Ampliación del ámbito de información a todas las cuentas de pago y transacciones con tarjetas.
  • Mayor control sobre pagos a empresas y profesionales, incluyendo transacciones realizadas mediante dispositivos móviles.
  • Cambio en la periodicidad de los reportes, pasando de anual a mensual en algunos casos.

¿Cuándo entran en vigor estos cambios?

Desde el 3 de abril de 2025, salvo la normativa relacionada con sistemas de pago, que se aplicará desde enero de 2026 con las declaraciones correspondientes a ese año.

Con estas modificaciones, el objetivo es agilizar el control fiscal, reducir riesgos de fraude y mejorar la transparencia en los pagos electrónicos y beneficios fiscales.