El Real Decreto 893/2024 introduce importantes avances en los derechos laborales para las personas trabajadoras del hogar y del servicio de ayuda a domicilio, reconociendo derechos fundamentales que hasta ahora no se habían garantizado plenamente. Esta normativa incluye medidas para mejorar la seguridad, la salud y las condiciones de trabajo de este colectivo, tradicionalmente infravalorado.
Entre los derechos clave, se establece el acceso a una protección efectiva en materia de seguridad y salud, lo que implica una evaluación de riesgos laborales en los domicilios donde se prestan los servicios. Las personas empleadoras deberán realizar esta evaluación utilizando una herramienta online proporcionada por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, garantizando así la identificación y mitigación de riesgos en el entorno de trabajo doméstico.
Además, el decreto garantiza el derecho a recibir formación gratuita y adaptada sobre prevención de riesgos laborales. Esta formación debe proporcionarse en el momento de la contratación y cubrir las particularidades de las tareas del hogar. En casos donde los riesgos sean mayores, se exigirá formación complementaria, que será responsabilidad de la persona empleadora. También se establece el derecho a realizar reconocimientos médicos periódicos gratuitos, incluidos en el Sistema Nacional de Salud, para monitorizar los efectos del trabajo en la salud de las personas trabajadoras.
Otro aspecto destacado es la protección frente a la violencia y el acoso laboral, abarcando desde acoso sexual hasta discriminación por motivos de género, origen étnico u orientación sexual. En caso de violencia o acoso, las trabajadoras podrán abandonar el domicilio sin que esto se considere una renuncia al empleo.
Para las personas empleadoras, el decreto impone la obligación de garantizar que las personas trabajadoras dispongan de la información, formación y equipos de protección necesarios para desempeñar su labor de forma segura. Además, regula de manera específica el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), exigiendo visitas presenciales para la evaluación de riesgos laborales en los domicilios.
Este Real Decreto representa un paso significativo en la eliminación de discriminaciones históricas en el trabajo doméstico, al reconocer los derechos de este sector y mejorar sus condiciones laborales. Entró en vigor el 12 de septiembre de 2024, aunque las obligaciones relacionadas con la evaluación de riesgos y la formación se aplicarán una vez esté disponible la herramienta online del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, dando un plazo de seis meses para su implementación.
