Tanto la LOPD – GDD como la Ley de Trabajo a Distancia, obligan al empleador a establecer políticas internas sobre las modalidades del ejercicio del derecho a la desconexión digital, eso sí, previa audiencia de los representantes legales de las personas trabajadoras. Inicialmente esta obligación se incorporó al artículo 88 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Recientemente se ha incorporado además al artículo 18.2 de la Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia.
Es cierto que ya se prevén en la normativa laboral obligaciones en materia de limitación del tiempo de trabajo y se considera que todo lo que excede de la jornada legal o convencionalmente pactada debe ser considerado tiempo de trabajo efectivo y debe ser retribuido como horas extraordinarias. No menos cierto es que en los últimos años, se han impuesto nuevas obligaciones en materia de control de la realización de la jornada laboral, como por ejemplo el registro de horas extraordinarias y después de jornada diaria de toda la plantilla.
Los incumplimientos de esas obligaciones están tipificados como infracciones graves en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
Con este nuevo deber de la empresa, se pretenden evitar las prolongaciones de las conexiones al trabajo que además no son retribuidos. Se potencia esta obligación con la aprobación de la Ley de trabajo a distancia, que traslada ese deber también al ámbito del teletrabajo.
Las políticas internas por lo tanto deberán definir el siguiente contenido mínimo:
- Modalidades de ejercicio del derecho a la desconexión digital.
- Acciones de formación.
- Acciones de sensibilización del personal sobre un uso razonable de las herramientas tecnológicas que evite el riesgo de fatiga informática.
Por lo que se refiere al incumplimiento de este deber en los términos establecidos en la normativa analizada, también sería calificado como una infracción grave de la LISOS.”
