El Consejo de Ministros informó el pasado 23 de octubre de la negociación del anteproyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal.

Asentada como una de las políticas del gobierno actual, el fraude fiscal se ha convertido en una de las problemáticas más habituales y una de las líneas de acción del gobierno actual.

El Anteproyecto de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal implicará una serie de cambios normativos. Incluyendo, además, diversas figuras impositivas con las que aumentar los ingresos y combatir lo relacionado con la ingeniería fiscal.

¿En qué aspectos se centra este Anteproyecto de Ley?

  • Control de criptodivisas.
    Se basa en la contemplación de nuevas obligaciones para obtener información, y rendimiento, sobre las operaciones realizadas con las monedas virtuales. Sin importar su procedencia geográfica, siempre y cuando se opere con ellas dentro del territorio español.
  • Prohibición de amnistías.
    El Gobierno pretende prohibir, con esta medida, la aparición de mecanismos oficiales que permitan la regularización fiscal. Con esta medida se intenta impedir que haya beneficios tributarios que no estén justificados. Es una medida pensada especialmente en las grandes fortunas.
  • Prohibición del software de manipulación de ventas.
    A través de esta medida se pretende atacar todo el software que permite ocultar ventas y, por ende, beneficios. Se basa en la necesidad de conocer la contabilidad de las empresas.
  • Actualización y lucha contra los paraísos fiscales.
    El Gobierno pretende actualizar la lista de lo que es considerado un paraíso fiscal, atendiendo a nuevos criterios de transparencia y equidad fiscal. El organismo ya ha avisado que puede incluir, y excluir, nuevos países de esta lista.
  • Ampliación listas de morosos.
    El umbral de la deuda baja del millón de euros a los 600.000. A partir de esta cantidad se informará a Hacienda para presionar a los deudores a saldar sus deudas.
  • Limitación en efectivo.
    La limitación de pagos en efectivo pasará de los 2.500 euros a los 1.000 para pagos entre empresarios. Entre particulares, sin embargo, se mantiene el límite de los 2.500.
    La idea que el gobierno pretende conseguir con estas medidas es limitar el blanqueo de capitales entre empresarios.

Se estima, por parte del Gobierno de España, que todas estas medidas tendrán un impacto positivo en la economía de algo más de los 800 millones de euros. Una cifra que permitirá al Gobierno destinar estos ingresos en políticas de retribución fiscal y en diversos bienes sociales que fomentará el bienestar entre los ciudadanos españoles.

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