COVID 19

Antes de responder a la pregunta es importante saber quien es el arrendador. Debemos distinguir aquellos arrendadores que son una empresa o entidad pública de vivienda, o un gran tenedor, es decir, titular de más de 10 inmuebles urbanos, de aquellos que no lo son.

Si el arrendador es un gran tenedor el arrendatario podrá solicitar una moratorio en el pago de la renta durante el tiempo que dure el estado de alarma, sus sucesivas prórrogas y las siguientes mensualidades siempre y cuando los efectos negativos del COVID 19 permanezcan. En todo caso, hasta un máximo de cuatro meses hasta la finalización del estado de alarma. La moratoria solicitada será obligatoria para el arrendador siempre y cuando no hayan alcanzado un acuerdo previo.

En los casos que el arrendador no sea un gran tenedor, el arrendatario también podrá solicitar un aplazamiento temporal y extraordinario del pago de la renta. Con la diferencia que, en este caso, el arrendador no está obligado a aceptar este aplazamiento.

El plazo de solicitud de la moratoria en ambas situaciones finaliza el 23 de mayo.

De todas formas, el Real Decreto 15/2020 permite que las partes puedan pactar otro acuerdo al respecto.

Las empresas no podrán fundamentar el despido en la concurrencia de fuerza mayor derivada del COVID19 ni causas económicos, técnicos, organizativos o de producción que se justifiquen por el impacto del coronavirus para despedir a sus trabajadores hasta el 30/06/2020. Esta prohibición, no afecta al despido disciplinario. En caso de incumplimiento, el despido se declarará como improcedente.

La Fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y económicas en las que se amparen los ERTE derivados del COVID-19 no justifican las extinciones del contrato de trabajo. La empresa está obligada a mantener el empleo del trabajador incluido en un ERTE por fuerza mayor durante 6 meses a contar desde que el primer trabajador se incorpore a la empresa. El RD 18/2020 establece que este compromiso de mantenimiento de empleo se valorará en atención a las características específicas de los distintos sectores. No se aplicará en las empresas que concurra un riesgo de concurso de acreedores en los términos del artículo 5.2 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

En el cómputo no se incluyen las extinciones de contrato por jubilación, dimisión del trabajador, muerte, fin contratos de duración determinada, despido disciplinario declarado procedente ni la incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez.

En caso de incumplimiento, la empresa deberá reintegrar la totalidad del importe de las cotizaciones de cuyo pago resultaron exoneradas, con el recargo y los intereses de demora correspondientes.

Existe la posibilidad de que las pymes soliciten aplazar sus deudas tributarias por un periodo de seis meses en el que los tres primeros no devengarán intereses, aunque siguen obligadas a ingresar puntualmente tanto el IVA trimestral como el IRPF en caso de autónomos.
Si quiere pagar antes, podrá hacer lo mismo que en cualquier aplazamiento o fraccionamiento ordinario, obtener carta de pago y pagar. Si lo hace antes de los 3 meses, no devengará intereses.

¿Cómo se calcula ese plazo de 6 meses?
Así:
6 meses desde el último día del plazo de presentación de la autoliquidación (fecha límite de ingreso en voluntaria), y siempre terminando en día 5 o 20 (por ejemplo, si solicitamos el aplazamiento de una autoliquidación mensual del mes de febrero cuyo plazo de presentación vence el 30 de marzo, el aplazamiento se concedería a 5 de octubre).