En un contexto de creciente internacionalización y especialización de las normas, las empresas se enfrentan al gran reto de cumplir con la ley y eludir las sanciones. En este complejo entorno legal donde la responsabilidad abarca múltiples esferas, desde lo civil y mercantil, pasando por lo laboral, tributario y llegando a lo penal, las empresas no solo deben tener una actividad legal y una buena organización, sino también prevenir los riesgos de que se produzcan delitos en su ámbito interno o externo, por parte de sus directivos, empleados, proveedores o clientes. Con el impulso cada vez mayor por parte de la UE para la adopción de políticas, acciones y medidas específicas que trascienden la mera implantación voluntaria de sistemas de cumplimiento, se hace cada vez más necesario contar con políticas internas de buen gobierno en las empresas. En este contexto, la clave no solo reside en una organización eficiente y prestación de actividades legítimas, sino en abordar proactivamente la prevención de una variedad de riesgos para evitar o atenuar la responsabilidad a la que podría enfrentarse una persona jurídica.
Hasta el año 2010 en España las personas jurídicas solo podían ser responsables civiles ex delicto para la reparación de los daños que acompañan a la comisión de un delito del que debían responder penalmente solamente las personas físicas. A partir de 2010, como respuesta a directivas europeas, el Código Penal se modificó para extender la responsabilidad penal también a las personas jurídicas por los delitos cometidos por sus representantes o dependientes, siempre que estos actúen en beneficio directo o indirecto de la entidad. Desde entonces, la responsabilidad penal de las personas jurídicas puede afectar a empresas de todos los tamaños, con consecuencias graves que van desde multas cuantiosas hasta la disolución de la empresa.
¿Qué son los Modelos de prevención de delitos (Compliance Penal)?
De manera similar a la responsabilidad penal de la persona física, donde el derecho penal reconoce circunstancias que pueden eximir o atenuar la responsabilidad penal para evitar resultados lesivos y desproporcionados, las personas jurídicas también cuentan con mecanismos para eximir o atenuar las consecuencias penales. La implantación de modelos de prevención de riesgos penales se configura como la herramienta interna crucial para eximir o atenuar la responsabilidad penal en situaciones donde, a pesar de haber tomado medidas para evitar un delito, el riesgo se termina materializando.
Así, los modelos de prevención de delitos son importantes porque permiten a las empresas:
- Identificar, evaluar y controlar los riesgos penales a los que se exponen, como los contemplados en el Código Penal.
- Definir un programa de control y gestión de riesgos adecuado, que no solo se protege para prevenir y reducir riesgos de menor gravedad, sino que también garantiza un sistema de prevención integral para proteger a las personas físicas dentro de la organización.
- Demostrar su compromiso con la legalidad, la ética y la responsabilidad social, fortaleciendo su reputación y su competitividad en el mercado.
- Evitar o reducir las consecuencias negativas de una eventual imputación penal, como multas, inhabilitaciones, suspensiones o incluso la disolución de la empresa.
¿Cómo implementar un modelo de prevención de delitos?
Para implementar un modelo de prevención de delitos, es esencial contar con el asesoramiento de expertos en la materia, quienes guiarán a la persona jurídica en la evaluación de riesgos y el diseño, implementación y seguimiento de un modelo adaptado a sus necesidades específicas.
Es crucial destacar que estos modelos deben implementarse antes de la comisión del delito para ser herramientas eximentes de responsabilidad penal. Adoptarlos después de la comisión del delito puede considerarse como atenuante de la pena (siempre que sea antes del juicio oral), pero no como eximente.
En Adire, somos especialistas en esta materia y brindamos apoyo a nuestros clientes en la implantación de estos modelos, asegurando un futuro seguro y cumplimiento normativo en un entorno empresarial cada vez más complejo.
