Los conflictos entre propietarios e inquilinos pueden derivar en situaciones delicadas que requieren de la intervención de la justicia. En este artículo, comentamos un caso reciente en el que se condenó a una propietaria por cambiar la cerradura y apropiarse de los bienes de su inquilina, sin su consentimiento, en una vivienda alquilada.
En una reciente sentencia, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJ Navarra) confirmó la condena por delitos de hurto y coacciones contra una propietaria que, sin el consentimiento de su inquilina, cambió la cerradura y se apoderó de los enseres de la arrendataria que aún residía en la vivienda alquilada. El caso, que se remonta a un desacuerdo sobre la renovación del contrato de arrendamiento, destaca la importancia de resolver los conflictos a través de los cauces legales.
La situación comenzó cuando, al finalizar una anualidad, la arrendadora expresó su deseo de no renovar el contrato para realizar reformas en la propiedad. Aunque la inquilina aceptó no prolongar el acuerdo, comunicó su intención de permanecer en la vivienda hasta encontrar una alternativa adecuada. Sin previo aviso, y dos meses después, la propietaria, sin el conocimiento de la arrendataria, cambió la cerradura, se apropió de los enseres y se empadronó en el lugar, dando de baja a ambos residentes en el padrón municipal.
En su recurso de apelación, la acusada argumentó actuar de buena fe, mencionando conversaciones telefónicas previas, un acuerdo de rescisión y el supuesto desconocimiento de la inquilina. Sin embargo, el Tribunal desestimó estos argumentos, considerando que la defensa omitió elementos esenciales de la convicción judicial.
El Tribunal resaltó la insuficiencia de un enfoque meramente deconstructivo en la defensa, subrayando que el valor reconstructivo de la prueba no se mide solo por la fuerza intrínseca de cada dato, sino por la integración de todos ellos. La prueba incriminatoria, respaldada por declaraciones de testigos, demostró de manera contundente el cambio de cerradura y la apropiación indebida de bienes, así como el impedimento de acceso a la vivienda.
Asimismo, la prueba documental respaldó la vigencia del contrato de arrendamiento, mientras que la conducta de la acusada reveló una presión constante para que la inquilina abandonara la vivienda, incluso alquilando nuevamente la propiedad el mismo día del cambio de cerradura.
En conclusión, la sentencia destaca la importancia de resolver las disputas contractuales a través de los canales legales adecuados, evitando el uso de vías de hecho sancionadas penalmente y establece un precedente claro sobre la protección de los derechos de los inquilinos y la condena de acciones ilícitas por parte de los propietarios.
