El Gobierno y los sindicatos mayoritarios han pactado una subida del 5% del salario mínimo interprofesional (SMI) para este año 2024, que se situará en 1.134 euros brutos mensuales en 14 pagas. Esta medida, que afectará a unos 2,5 millones de trabajadores, supone un aumento del poder adquisitivo de un punto y medio y un incremento del 54% del SMI desde 2018. La patronal, en cambio, se ha desvinculado de este acuerdo, al que ha puesto condiciones que no han sido aceptadas por el Gobierno ni por los sindicatos.
Un proceso de negociación con discrepancias con la patronal
El proceso de negociación del SMI se ha extendido durante varios meses, con tensiones y desacuerdos entre las partes. La patronal ofreció una propuesta inicial del 3%, más un 1% adicional vinculado a la inflación, que fue rechazada por los sindicatos por considerarla insuficiente. Además, la patronal exigió cambios en la normativa de revisión de precios en contratos públicos y bonificaciones en el sector agrícola, condiciones que también fueron rechazadas por el Gobierno y los sindicatos.
Ante la falta de consenso con la patronal, el Gobierno optó por buscar un acuerdo bipartito con los sindicatos, e incluso planteó la posibilidad de una subida más ambiciosa si la patronal no se sumaba al pacto. Finalmente, el acuerdo se ha cerrado sin la participación de la patronal, que ha criticado la decisión unilateral del Gobierno y ha alertado de las posibles consecuencias negativas para la competitividad y el empleo.
Una evolución ascendente del salario mínimo desde 2018
El nuevo aumento del SMI se suma a las subidas anteriores acordadas entre el Gobierno y los sindicatos desde 2018, cuando el salario mínimo pasó de 736 a 858 euros. En 2019, se produjo un alza histórica del 22,3%, hasta los 1.050 euros, y en 2020, se aplicó otro incremento del 5,5%, hasta los 1.108 euros. En 2021, el SMI se mantuvo congelado en 1.080 euros, a la espera de la negociación de este año.
El aumento del SMI responde a la necesidad de adaptar el salario mínimo a la realidad económica y social, teniendo en cuenta el incremento del coste de la vida, reflejado en la inflación media del 3,5% registrada en 2023. También busca favorecer la recuperación económica y reducir las desigualdades salariales y sociales. ¿Logrará este aumento los objetivos propuestos? ¿Qué impacto tendrá en la competitividad y el empleo?”
